El proceso social y administrativo involucrado en la realización de dos reacomodos de poblaciones en México, P.H. Aguamilpa y P.H. Zimapan, a partir de la construcción de presas para la explotación eléctrica, de acuerdo al nuevo reglamento del Banco Mundial.

Scott S. Robinson

México

1992

50 min.

Universidad Autónoma Metropolitana - Itzapalapa

The World Bank

27/03/2006

Al principio del sexenio del presidente Carlos Salinas (1988-1994), el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda y a petición de la CFE, inició una negociación para un préstamo de 470 millones de dólares para financiar la construcción de dos presas hidroeléctricas: Aguamilpa (Nayarit) y Zimapan (Querétaro e Hidalgo).

La solicitud coincidió con la culminación de una campaña internacional que contó con aliados entre funcionarios de buen nivel al interior del propio Banco Mundial (donde los Estados son socios y México hoy posee 1,18 por ciento de las acciones con derecho de voto), con el fin de “reformar” las directrices operativas del propio banco en el caso de préstamos para presas de todo tipo.

Además, se negoció, al interior del banco, una novedosa modus operandi para el monitoreo del organismo responsable en campo de la implementación de las mismas directrices en el curso del ejercicio de cada préstamo cuando la construcción de presas tenga impactos sociales y ambientales entre las poblaciones afectadas.

Esta reforma se implementó en México, por primera vez, dentro del portafolio de los diversos proyectos de préstamos en América Latina, durante la construcción de ambas presas en el transcurso del sexenio salinista.

Para cumplir con estos lineamientos, la CFE creó en 1989 la Gerencia de Desarrollo Social, la cual se hizo cargo de una nueva estrategia para la administración de los desalojos involuntarios. Abarcaba una mayor participación de los afectados en asambleas, la restitución de tierras cultivadas por inundarse en el nuevo embalse, consultas sobre el diseño de los nuevos poblados y las modalidades arquitectónicas de las casas proyectadas en los mismos, y un hecho insólito en la historia de proyectos nacionales: el monitoreo del proceso por otra institución del Estado, en este caso, el Instituto Nacional Indigenista.

Por haber participado en la campaña para presionar al Banco Mundial para realizar estas reformas, funcionarios del banco me comisionaron a fin de realizar un documental en vídeo sobre el proceso de implementación de la nueva directriz operativa durante las obras para la planeación e implementación en campo de los desalojos involuntarios asociados con las presas de Aguamilpa y Zimapan.

Este vídeo, originalmente de 60 minutos de duración, fue censurado por presión de la CFE, y el banco me obligó a “cortar secuencias sensibles” y reducir su tiempo en pantalla a 30 minutos. Se cumplió con la orden.